El gobierno norteamericano cuestionó este martes la decisión del presidente argentino, Alberto Fernández, de impulsar un juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y llamó a “respetar las instituciones democráticas y la separación de poderes”.
A través del Departamento de Estado, la administración de Joe Biden se sumó de esta manera a los cuestionamientos locales a la medida que ya fue enviada por el oficialismo al Congreso y que podría ser tratada en las próximas sesiones extraordinarias
Las autoridades estadounidenses siguen de cerca situación que se disparó a partir del fallo del máximo tribunal que benefició a la Ciudad de buenos Aires en el marco de la disputa por los fondos de coparticipación, y que derivó en un conflicto con el mandatario nacional.
El Departamento de Estado, que está en manos de Antony Blinken, recibe información de manera periódica de lo que ocurre en América Latina y en otras partes del mundo, por lo que el primero de enero pasado fue notificado de la decisión que había tomado Alberto Fernández.
Ese día, justo antes de abordar el avión que lo trasladó a Brasil para la asunción de Lula da Silva, el Presidente Fernández comunicó oficialmente que junto a un grupo de gobernadores solicitaría el juicio político del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, “para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones” en el marco del conflicto con la Ciudad por los fondos de coparticipación.
En ese momento, el Departamento de Estado ya tenía una mirada crítica de lo que estaba pasando en Buenos Aires, la cual se acrecentó con algunas de las posteriores declaraciones del mandatario nacional y el reciente envío al Congreso del proyecto de juicio político anunciado semanas atrás.
Esto es un agregado que se suma a la relación zigzagueante que desde Norteamérica consideran que tiene Alberto Fernández respecto de los principales regímenes dictatoriales de la región, como el de Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Además, un conjunto de organizaciones internacionales representativas de magistrados manifestaron su preocupación por este conflicto y, en distintos comunicados, reclamaron respetar la “la división de poderes y la independencia del Poder Judicial”.
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